En España, hemos desarrollado un superpoder colectivo: el de creer en la magia financiera. Paseamos por hospitales relucientes, enviamos a los hijos a la universidad y cruzamos puentes de diseño con la placentera sensación de que «nos ha salido gratis».
Sin embargo, como bien sabe cualquier sociólogo con un mínimo de ironía, la gratuidad no es más que una etiqueta de marketing político para ocultar un complejo sistema de corresponsabilidad forzosa.
La paradoja del bolsillo ajeno
La enseñanza, la salud y los servicios sociales en España no nacen por generación espontánea ni caen del cielo como el maná. Todo lo que el Estado «da», primero tuvo que «quitarlo» de la subjetividad creativa y el esfuerzo de los ciudadanos. La subsidiaridad nos recuerda que el Estado no es una entidad mística con recursos infinitos, sino un administrador – a veces elefantiásico – de nuestro propio dinero.
Cuando decimos que la sanidad es gratuita, estamos cometiendo un error semántico de bulto. Lo que queremos decir es que es prepagada. El problema sociológico surge cuando el ciudadano pierde la noción de coste; en ese momento, la responsabilidad se diluye y aparece el «usuario insaciable» que exige de la instancia superior lo que él mismo, asociado con otros, ha dejado de valorar.
El Estado asistencial vs. La Sociedad Civil
En el contexto español, la Constitución de 1978 no cita expresamente la subsidiaridad, pero la supone en la soberanía que reside en el pueblo. No obstante, hemos derivado hacia un modelo donde el Estado a menudo «absorbe» funciones que corresponden a la iniciativa privada o social.
Enseñanza: Los padres tienen el derecho y el deber de liderar la educación de sus hijos. Cuando el Estado monopoliza este ámbito bajo la bandera de lo «gratis», corre el riesgo de sustituir la pluralidad de valores por una lógica burocrática unidimensional.
Salud y Servicios Sociales: La subsidiaridad dicta que las instancias superiores solo deben intervenir cuando las comunidades menores (familias, asociaciones) sean incapaces de hacerlo. En España, la tendencia a la centralización burocrática a veces asfixia esa «subjetividad social» que permite que los problemas se resuelvan con rostro humano y no solo con presupuestos.
Recuperar la factura moral
El verdadero reto para la España del siglo XXI es entender que la solidaridad no funciona sin la subsidiaridad. La solidaridad sin subsidiaridad degenera en un «asistencialismo» que desactiva a las personas, haciéndolas dependientes de la administración.Indicar que «todo no es gratis» no es un argumento contable, es un llamado a la mayoría de edad política.
Debemos pasar del «derecho a recibir» al «deber de participar». Porque el día que olvidamos que el servicio que usamos lo paga el vecino con su esfuerzo, dejamos de ser una sociedad de ciudadanos responsables para convertirnos en una clientela pasiva esperando el siguiente subsidio.
